Huelga en las gasolineras. Relación entre actores económicos: Trabajadores, Empresarios y Estado

Por Javier Vega Gómez

El comentario de la noticia de esta semana trata la huelga de gasolineras convocada para los días seis y siete de noviembre. He encontrado interesante la curiosa relación que entre patronal, trabajadores, representados por los sindicatos, y estado se produce. La huelga surge tras el fracaso sufrido por las negociaciones entre patronal y sindicatos para pactar el nuevo convenio colectivo. Las principales reivindicaciones sindicales, rechazadas por la patronal, consistían en un incremento salarial de 600 euros, una compensación de los excesos de jornada con un plus de relevo y una mejora en la retribución por trabajar los domingos y festivos. Estas reivindicaciones pretenden mejorar la penosa situación de los trabajadores en las gasolineras, los cuales cobran unos 800 euros brutos al mes.

El primer punto que tomaré será el papel jugado por los sindicatos al convocar la huelga. En este punto quisiera mentar la definición de la actuación que los movimientos sociales realizan según Rod Aya, no quisiera equiparar movimientos sociales y sindicatos ya que hay diferencias, pero tal definición resulta útil ya que nos aporta elementos de análisis relevantes, la definición reza así: la acción de los movimientos sociales es selectiva en sus objetivos, metódica en sus técnicas y oportunista en su configuración temporal (Rod Aya). Empecemos por los objetivos; los sindicatos en defensa de los intereses de sus representados, es decir los trabajadores, tienen por objetivo lograr una mejora de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio. En lo respectivo a las técnicas usadas para lograr tal fin nos encontramos la clásica huelga, la cual pretende mediante su absentismo laboral provocar perdidas a la empresa. Pero he aquí una consecuencia de tal actuación que no afecta tan sólo a la patronal, afecta también al usuario bien individual o colectivo ya que la no venta de gasolina supone la paralización de la distribución de un elemento clave para la marcha de la economía, por ello el hecho de que el estado, en su función de garantizar el orden, haya obligado a los sindicatos a mantener unos servicios mínimos del 20%. Resulta evidente pero lo quiero resaltar: no nos podemos amparar en el perjuicio que hacia los consumidores se produce para negar la huelga, ya que esta no sólo es un derecho fundamental sino también la técnica de negociación que por antonomasia disponen los trabajadores. En tercer lugar tenemos como elemento de la actuación de los movimientos sociales resaltado por Rod Aya la oportunista configuración temporal. No resulta azaroso que tal huelga quede convocada en vísperas del puente de la Almudena, ya que como sabemos los puentes resultan propicios para los viajes. El hecho de convocar huelgas por los trabajadores de sectores afines a los medios de transporte en fechas propicias para los viajes es algo común, recordemos por ejemplo las habituales huelgas de pilotos de aviones en fechas estivales. Esto nos lleva a afirmar que los sindicatos cuando se ponen en huelga pretenden provocar las mayores perdidas posibles a sus empresarios para de esta manera dotar de mayor efectividad a sus reivindicaciones.

La patronal para no hacer efectivas las pretensiones de los trabajadores se dotan de argumentos y en estos se nos muestra una curiosa relación entre estado y empresas. Los empresarios arguyen que no pueden atender las pretensiones de los trabajadores a causa de la reducción de sus ingresos en las gasolineras de un 50 % a causa de la ley antitabaco y de la prohibición de vender alcohol de noche. Aquí estamos ante un caso en el cual una medida preventiva del estado causa estragos en las empresas y que a su vez redunda en los trabajadores también de forma nociva. Qué ha de hacer el estado en esta situación. Tengamos en cuenta que la noticia aquí citada no es más que un ejemplo de las posibles repercusiones económicas que una medida preventiva por parte del estado puede tener para el empresario ya sea éste dueño de una gran corporación o dueño de una pequeña empresa. Es ésta una cuestión un cariz ciertamente complicado. Por un lado tenemos la intención positiva del estado de velar por el bienestar de sus ciudadanos y por otro lado tenemos la merma económica que para un sector determinado se produce, siendo los empresarios también ciudadanos y siendo además la economía uno de los ámbitos en los que el estado ha de intervenir para hacerla más boyante. Quizá la solución aquí radique en la negociación que el estado debe iniciar con los sectores afectados, será en los términos en que se establezca la resolución del conflicto en lo que radique la buena aplicación de una medida preventiva ya que ha de mantener tanto su preocupación por el bienestar de los ciudadanos como mantener la economía de las empresas prospera. En definitiva podemos afirmar que las relaciones estado-empresarios son totalmente necesarias, por ello se han de establecer los mejores flujos de información entre ambos actores. A lo cual debemos de sumar la necesidad de que estas relaciones se han de extender a los trabajadores tanto por parte de las empresas, las cuales se realizan mediante la firma de contratos y convenios, como las relaciones trabajadores-estado las cuales se manifiestan tanto en la legislación social como en las prestaciones. Como vemos la intervención del estado es harto compleja y ha de tener constantemente en cuenta a múltiples actores, ya que sus medidas redundan de forma contradictoria en distintos ámbitos.